MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha cargado de nuevo contra el impuesto a la banca por sus efectos "contraproducentes" en la economía española, que reduce "la capacidad del sector de dar crédito", estimando que si se quita unos 3.000 millones de euros al capital, son "50.000 millones menos de crédito, 250.000 hipotecas medias menos".

Se trata de unas cifras que ha aportado en su intervención en el IV Observatorio de Finanzas, organizado por 'El Español'-'Invertia'. Ha aprovechado para rechazar las dos justificaciones que el Gobierno dio para aprobar el gravamen en 2022, por un lado los "beneficios caídos del cielo", que ha considerado que "no son tales" tras los años de tipos cero o negativo, y el rescate a la banca.

En este último aspecto ha señalado que no fue "ni un rescate ni a la banca", puesto que, ha argumentado, "se ayudó a los depositantes de ciertas entidades, con fuerte injerencia política, que hoy no están aquí. Las que están aquí, que son sanas, ayudaron al rescate con 26.000 millones de euros, desde el Fondo de Garantía de Depósitos, al capital de la Sareb".

Ha continuado señalando que "no es el momento" de este impuesto, ni de prolongarlo en el tiempo, teniendo en cuenta que los tipos de interés podrían haber alcanzado ya su máximo y empezarán con una inflexión a la baja que reduzca el margen de las entidades. "De hecho, el Euríbor sobre el que están referenciadas muchas hipotecas ya lo está notando", ha agregado, antes de incluir entre los motivos de rechazo el entorno geopolítico "complejo".

"Hay que preguntarse si es el momento de ponerle al sector bancario una mochila de peso de 1.500 millones al año. Pensamos que rotundamente no es el momento", ha concluido sobre esta cuestión.

Sobre la posible bajada de tipos, Kindelán ha señalado que podrían haber tocado ya techo y comenzar a bajar, una situación para la que la banca "está muy bien preparada". "Tenemos unos muy buenos niveles de rentabilidad, buenos niveles de capital y de liquidez y una muy buena gestión de riesgos, que al final es lo que hace falta para hacer frente a escenarios que son cambiantes", ha resaltado.

AUTORIDAD DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO

También ha valorado la aprobación del proyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por parte del Consejo de Ministros, lo que supone que este organismo vuelva a pasar por su trámite parlamentario, después de que decayese el pasado mes de julio por la convocatoria anticipada de elecciones.

Ha señalado que el sector bancario está a favor de todas las iniciativas que sirvan para proteger al consumidor, pero ha matizado que la banca era partidaria de "mejorar lo que había", que eran los sistemas de reclamación del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). "Ahí se podrían haber mejorado algunas cosas", ha afirmado.

Por tanto, ha criticado la idea de crear una autoridad que "genera costes" y "se nutre de personas y conocimientos de las autoridades que ya existen". Ha puesto como ejemplo el Reino Unido, donde se creó un organismo similar que comenzó con 290 empleados y hoy son cerca de 3.000.

"Estaba diseñada para atender un número de reclamaciones que se ha multiplicado por siete u ocho. Corremos el riesgo de generar una autoridad con unos costes que pueden crecer exponencialmente y ser más complejo de lo que imaginábamos inicialmente", ha expresado la presidenta de la AEB.

Ha indicado que el sector estará "muy atento" a cómo se configure la autoridad y ha destacado el cambio "más relevante" del nuevo proyecto que se va a remitir a las Cortes, y es el diseño inicial en la forma de financiación, que contemplaba una tasa pagada por las entidades por cada demanda tramitada.

"Eso ha cambiado y es bueno, porque el incentivo que eso generaba a reclamar sin límite era un problema", ha añadido, antes de recordar que finalmente las entidades serán las encargadas de financiar la autoridad, aunque con una tasa calculada con el número de las reclamaciones resueltas contra y a favor de las entidades.